Sandro García-Rojas Castillo es el Director General de Prevencion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita de la CNBV – Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entidad responsable de supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano,
Abogado con estudios de Máster en diversas materias, entre las que destaca Derecho Penal Económico. Catedrático de diversas universidades y casas de estudio nacionales y extranjeras entre ellas la Universidad Panamericana en la ciudad de México, las casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad Alcalá de Henares y la Complutense, en Madrid, España. Conferenciante en México y el extranjero, autor de diversos artículos. Miembro certificado de CAMS.
Ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal en México y en el sector privado en el ejercicio de su profesión. Entre ellos, Agregado Adjunto de la Procuraduría General de la República de México, ante la Unión Europea y Suiza desde donde fue miembro de distintas Delegaciones representantes de México, entre las que destaca la que negoció la Convención de la ONU contra la Corrupción; Titular de la unidad de asuntos internacionales de la propia PGR, desde donde desempeñó la Secretaría Pro témpore del Esquema Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mecanismo que unió a más de la mitad de los Procuradores de Justicia y Fiscales del continente americano.
El Director General ha anunciado en foros y en la prensa la urgencia para que los centros cambiarios y transmisores de dinero, renueven su registro ante la CNBV si quieren seguir en operaciones y no ser declarados inexistentes; el plazo vence el próximo 7 de septiembre de 2014.
Hasta mayo 2014, la CNBV tenía en su registro previo 1656 centros cambiarios y 71 transmisores de dinero. Dichas entidades, de acuerdo con los artículos transitorios de la reforma financiera tienen hasta el próximo 7 de septiembre para cumplir con ese requisito, además de un dictamen de prevención en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que la misma CNBV otorga para obtener el registro.